No había podido leer el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes con respecto al caso Ayotzinapa hasta ahora. Existen diversos apartados que contienen información nueva (o más bien omitida en el reporte oficial de la PGR), la cual coincide con informes publicados durante los meses posteriores al suceso del 26 de septiembre del 2014. En el punto 9 del apartado "Características de los hechos y análisis de posibles causas", se explica lo referente a un quinto camión tomado por los normalistas en la central de autobuses que posiblemente iba cargado con droga. Este supuesto ya se comentaba desde el año pasado y hacía eco en diversos medios de comunicación por el uso tan evidente que grupos delictivos le dan a esa región para cultivar amapola. Prueba de ello es la columna de opinión del periodísta Salvador García Soto publicada el 15 de noviembre de 2014 en El Universal, donde apunta: "El interés en recuperar ese camión a como diera lugar era porque se encontraba cargado con unos 35 kilos de goma de opio que previamente habían sido depositados en la unidad para ser enviada con rumbo a la frontera tamaulipeca"
Después del informe presentado por el GIEI, es imposible no pensar en que, los motivos por los cuales diversos cuerpos policiacos municipales atacaron a los normalistas aquella noche, están fuertemente vinculados al negocio del narcotráfico en Guerrero. Uno pensaría que los culpables se encontrarían exclusivamente dentro del orden municipal, incluso llegando a salpicar al gobernador en curso (Ángel Heladio Aguirre Rivero). Pero cuando se ponen en evidencia las gravísimas contradicciones y omisiones del ex procurador Jesús Murillo Karam en la integración del expediente, la llamada "verdad histórica", la única opción razonable es responsabilizar al gobierno federal por su ineficacia al conducir la investigación y por encubrir, así como tergiversar parte de los hechos.
Después del informe presentado por el GIEI, es imposible no pensar en que, los motivos por los cuales diversos cuerpos policiacos municipales atacaron a los normalistas aquella noche, están fuertemente vinculados al negocio del narcotráfico en Guerrero. Uno pensaría que los culpables se encontrarían exclusivamente dentro del orden municipal, incluso llegando a salpicar al gobernador en curso (Ángel Heladio Aguirre Rivero). Pero cuando se ponen en evidencia las gravísimas contradicciones y omisiones del ex procurador Jesús Murillo Karam en la integración del expediente, la llamada "verdad histórica", la única opción razonable es responsabilizar al gobierno federal por su ineficacia al conducir la investigación y por encubrir, así como tergiversar parte de los hechos.
En este sentido, la responsabilidad del Estado Mexicano en el esclarecimiento de los hechos es total y a 17 días de cumplirse el año de los trágicos sucesos, sólo puedo pensar en la manera en la que el gobierno de Enrique Peña Nieto nos ha querido dar atole con el dedo. Uno no puede superar tan fácil el shock nacional que causó la desaparición y muerte de los 43 normalistas (porque aceptémoslo, ellos ya han fallecido), y hoy más que nunca el reclamo hacia nuestros gobernantes debe ser enérgico y en conjunto. ¿En qué momento dejamos de indignarnos y comenzamos a pensar que esto era algo que con el tiempo habríamos de olvidar?
Me queda claro que como mexicanos nos merecemos algo más que una cándida decisión presidencial por tomar en cuenta las recomendaciones del GIEI. Además de un nuevo peritaje, nuestros gobernantes tienen que dar la cara y afrontar las consecuencias por mentir y traicionar a los padres de los normalistas. ¿Quién debe exigir la verdad de los hechos? La nación entera. Es hora de dejar en claro que sí hay castigos para aquellos que gobiernan a costa de la sangre del pueblo.
